Tortura y mentira en Chiapas

Tortura y mentira en Chiapas
Hermann Bellinghausen

Con brutalidad judicial y mediática, que no se veía desde la virtual
dictadura militar establecida en Chiapas en los gobiernos de Ernesto Zedillo
y Roberto Albores Guillén, el actual gobierno ha dado un salto al vacío al
inventar cargos contra luchadores sociales, adherentes de *la otra
campaña*y bases de apoyo del EZLN, difundirlos masivamente sin el
menor pudor y
sostener una política de tortura y terror sin sentir la necesidad de ofrecer
explicaciones, ya no digamos disculpas.

No sólo Ulises Ruiz Ortiz y Enrique Peña Nieto son gobernadores que
confunden impunemente orden y crimen. También Juan Sabines Guerrero y su
secretario de Gobierno, Noé Castañón (resuscitado del alborismo por su
protector, el secretario de Gobernación calderonista, Fernando Gómez Mont),
pertenecen a esa casta de mandatarios que con una sonrisa golpean, torturan
y encarcelan a ciudadanos inocentes. Busca allanar el paso a una autopista
que los campesinos del trayecto rechazan.

Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, desmintieron
nuevamente el 24 de abril las acusaciones del gobierno contra ocho
indígenas, arraigados, acusados de delincuentes, asaltantes y
narcotraficantes de manera gratuita. Más bien han participado en acciones
para controlar los asaltos y robos a turistas en las cascadas de Agua Azul.
En cambio, los policías sectoriales no sirven de nada, porque ellos lo
utilizan como su negocio cuando detienen algún asaltante y después lo dejan
en libertad.

Los comisionados del ejido acusan al gobierno de invadir el territorio de
los pueblos indígenas con sus malos proyectos, autopista y hoteles. También
denuncian a la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y
Campesinos (Opddic) de delinquir al cobijo de autoridades estatales y
federales. Recuerdan que el 17 de abril ingresaron 800 policías en la región
autónoma San José en Rebeldía, para desalojar a los indígenas que bloqueaban
la carretera en demanda de la liberación de los detenidos.

Ese día, los agentes, guiados por miembros de Opddic, derribaron la caseta
de cobro, robaron un radio de comunicación (que sería mostrado en la prensa
como prueba contra los detenidos), archiveros y 115 mil pesos en efectivo.
Policías que participaron en el desalojo intentaron violar a dos mujeres en
Crucero Agua Azul; robaron mercancías de una tienda, propiedad de Juana
Silvano García, amenazaron con violarla, y le robaron 20 mil pesos.

El día 19, miembros de Opddic y policías sectoriales ocuparon el banco de
grava del ejido, en la ranchería Jol Huk’um. El 23, ejidatarios de Opddic
del municipio Sitalá quisieron desalojar a indígenas de la ranchería Mojón
Tzuy, “por ser adherentes *de la otra campaña*”. En ambas ocasiones los
encabezaba Pedro Álvaro Hernández.

Los ejidatarios de *la otra campaña* exigen el retiro inmediato de los
policías de Agua Azul y Xanil. Los agentes sólo sirven para fabricar
conflictos entre indígenas.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifestó seria
preocupación por la detención arbitraria, los malos tratos, tortura,
violaciones a las garantías judiciales y el arraigo de ocho personas de las
comunidades tzeltales San Sebastián Bachajón, Xanil y Crucero Agua Azul. Un
día antes lo hizo Amnistía Internacional.

La acción represiva ha sido acompañada por una intensa campaña mediática del
gobierno de Chiapas, que criminaliza sin fundamento a indígenas a quienes
públicamente se había comprometido a respetar. Ahora, la prensa local da por
resuelto un presunto conflicto de dos años entre indígenas de la localidad,
lo cual, como por arte de magia, habría permitido reanudar el flujo de
turistas a las cascadas de Agua Azul (que nunca se interrumpió), gracias a
la presencia masiva de policías.

Los indígenas, dice la OMCT, fueron forzados por los agentes para que se
declararan asaltantes de la carretera. Con malos tratos y torturas los
obligaron a estampar sus huellas digitales en unas hojas sin conocer su
contenido.

Los detenidos se encuentran en la siniestra casa de arraigo Quinta
Pitiquitos, en Chiapa de Corzo, a solicitud de la Fiscalía Especializada
Contra la Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de Justicia
del Estado. La OMCT demandó a las autoridades garantizar la seguridad e
integridad personal, así como la liberación inmediata de los arraigados, si
no se pueden acreditar los delitos que les atribuyen; investigar las
violaciones cometidas, e indemnizar y rehabilitar a los arraigados.